El PP rechaza la oficina que gestionará Vox para defender el español y el catalán en Baleares

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha exigido al Grupo Parlamentario Vox «la retirada» del texto de la proposición de ley de creación de la Oficina de garantía de la libertad lingüística en Baleares por ser «un texto ni pactado ni consensuado» y que «atenta contra el Estatuto de Autonomía de las Islas Balears, que el PP siempre defenderá».

No obstante, fuentes de Vox ya han asegurado que no van a retirar esta iniciativa, contemplada en el acuerdo programático que le ha dado al PP el gobierno en solitario en Baleares y que ayer fue registrada para su tramitación parlamentaria. «Podrán realizar las enmiendas que crean necesarias», han zanjado desde la formación presidida por Santiago Abascal.

Sagreras, por su parte, ha señalado en declaraciones a los medios, que existe el acuerdo con Vox de la creación de una Oficina de Libertad Lingüística, «que el PP quiere cumplir para garantizar el uso normal de las dos lenguas cooficiales y que se acordó que Vox presentaría una proposición de ley previa revisión del PP, «cosa que no se ha cumplido, habiéndola presentado sin pactar previamente el texto».

Ha añadido que «se trata de un redactado que no nos gusta, empezando por el preámbulo, la invasión de competencias, la impunidad ante registros y con carácter intervencionista».

«Siempre hemos defendido el normal uso y la pacífica convivencia de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad autónoma, dentro del marco del Estatuto, y esta oficina el único cometido que debe tener es la defensa de los derechos de ambos idiomas por igual», ha concluido Sagreras.

Por su parte, el sindicato catalanista STEI, ha calificado como «buñuelo jurídico anticonstitucional» la propuesta de ley de la Oficina de Libertad Lingüística, por ser «contradictorio y atacar el bloque constitucional».

La central considera que «los estatutos de autonomía forman parte del bloque en el Estado español, por lo que si el texto se convierte en una ley, el Parlament acabaría aprobando que el carácter de la lengua catalana es torticero, es decir, que no se ajusta a la ley».

Para el STEI el documento es «una auténtica chapuza jurídica, con artículos que se contradicen entre ellos, además de que «la propia propuesta de ley incumple lo que regula» al haber sido registrada «sólo en español» y considera que el texto «es un ataque a la lengua catalana en los sitios donde ha ganado presencia, básicamente la administración, y un marco jurídico perfecto para la discriminación del catalán en los ámbitos en los que tiene menos uso, como la empresa privada».

Por todo ello, ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se desmarque «inmediatamente» de la propuesta.